Por Redacción 
El liderazgo verdadero no se proclama en cumbres; se ejerce en el territorio.
A un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio de 2025), Costa Rica protagoniza un nuevo episodio que desconcierta a la comunidad internacional y debilita su imagen como referente en liderazgo y compromiso ambiental.
Nos referimos a la eliminación de la financiación y de la declaratoria de interés público del decreto que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretada mediante la modificación del Decreto Ejecutivo N.° 40203. Esto no solo implica un desinterés por la sostenibilidad como política de Estado, sino que debilita la capacidad del país para acceder a cooperación internacional, articular esfuerzos multisectoriales y garantizar derechos fundamentales.
¿Con qué liderazgo y legitimidad puede el gobierno coorganizar una cumbre sobre océanos, cuya génesis y columna vertebral son los ODS —especialmente el número 14— de la Agenda 2030? ¿Quién nos va a tomar en serio si somos verdes solo de las fronteras para afuera, y aquí adentro la política ambiental es negacionista, contradictoria y regresiva?
Porque este caso no es el único. Las decisiones más recientes del gobierno evidencian una política ecocida, marcada por el desmantelamiento institucional, la permisividad extractiva y el abandono sistemático de sus propios compromisos ambientales y sociales.
Esta decisión se enmarca en un patrón de retroceso que se ha acelerado en los últimos meses. El caso más reciente es el escándalo por el trasiego autorizado de 12.6 toneladas de aletas de tiburón martillo para su reexportación, reportado por la organización CREMA en marzo de 2025. Esta acción contradice abiertamente el compromiso con la protección de especies en peligro y con el ODS 14 (Vida submarina), justo cuando el país se presenta como anfitrión global de una cumbre dedicada al océano.
A esto se suman graves retrocesos en gobernanza ambiental, como lo ocurrido en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se ha instaurado un modelo autoritario e impuesto de toma de decisiones, ignorando a las comunidades locales y permitiendo el avance de intereses gentrificadores y extractivos. La falta de participación ciudadana y el debilitamiento del marco jurídico ambiental revelan una tendencia alarmante hacia la destrucción institucional del patrimonio natural del Estado.
En materia de agua y salud pública, la situación no es mejor. El gobierno ha aumentado ilegalmente —pues está contra el reglamento vigente— los niveles permitidos de pesticidas en el agua potable, lo que atenta contra los derechos humanos, la salud y el cumplimiento del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Toda la zona norte de Cartago enfrenta niveles peligrosos de contaminación con degradados del clorotalonil en sus nacientes y pozos, superando los límites establecidos por la legislación vigente. Para legalizar dicha acción, propuso elevar los niveles de contaminación mediante una modificación al Decreto Ejecutivo Nº 38924-S, que fue rechazada por todas las Universidades Públicas, ARESEP, Defensoría de los Habitantes, la Academia de Ciencias y sociedad civil.
Todos estos hechos no son aislados: responden a una lógica de gobernanza que desmantela lo público, prioriza intereses privados y erosiona los derechos humanos y ambientales. Un modelo de gestión que promueve el extractivismo como política y el silencio institucional como estrategia. En este contexto, hablar de sostenibilidad, océanos sanos y liderazgo climático resulta, al menos, hipócrita.
Cambio de rumbo. Hace unos seis meses, Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República, decía: «Desde el Gobierno de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso con la implementación de la Agenda 2030, clave para el desarrollo sostenible de Costa Rica. Con el 41% de los indicadores ODS mostrando un comportamiento desfavorable, es urgente que todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta el sector privado y la sociedad civil, intensifiquen sus esfuerzos para reducir las brechas sociales, económicas y ambientales». ¿Entonces, este es el compromiso y la consecuencia unos meses después?
Esta nueva contradicción del gobierno abre muchas otras preguntas. Si revisamos, gran parte de la Agenda 2030 es la columna vertebral de proyectos de cooperación internacional que hacen posible la implementación de políticas ambientales. Por eso nos preguntamos: ¿Qué va a pasar con estos y otros financiamientos cuando los organismos internacionales vean el actuar del gobierno?, ¿Se trata de una decisión inspirada en la postura reciente de la administración Trump, que anunció su rechazo a la Agenda 2030 hace apenas un mes? ¿O es una acción deliberada para polarizar, aprovechando la ola conspiranoica que rodea a esta agenda?
Esta decisión genera más dudas que certezas. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una narrativa de ejemplo global mientras autoriza el aleteo, envenena sus nacientes, silencia comunidades y desactiva compromisos internacionales. Si realmente quiere defender los océanos, debe empezar por cuidar sus ríos, proteger sus bosques, respetar a sus pueblos y garantizar el carácter público y democrático de sus políticas ambientales.